La Bancaria marchó en Tucumán contra la impunidad en el caso de los exjugadores de Vélez

Las trabajadoras y trabajadores de la Asociación Bancaria Seccional Tucumán se movilizaron por las calles de la capital de Tucumán para respaldar a su compañera «Luli», la joven denunciante en la causa por abuso sexual que involucra a cuatro exintegrantes del plantel profesional de Vélez Sarsfield. La marcha, caracterizada por una columna de paraguas negros y pancartas que rezaban «justicia cómplice», se dirigió hacia la sede judicial de la avenida Sarmiento en coincidencia con una instancia probatoria clave para la apelación del expediente.

La movilización representa un nuevo capítulo en la lucha del gremio bancario por evitar que el proceso judicial se cierre de manera opaca con impunidad para los acusados. Desde la conducción de la seccioal advierten que el objetivo primordial es garantizar la elevación de la causa a un juicio oral y público, instancia que consideran indispensable para que la sociedad tucumana conozca la verdad exhaustiva de los hechos denunciados.

Críticas a la matriz judicial y al encubrimiento político

La secretaria general de La Bancaria-Tucumán, Cecilia Sánchez Blas, manifestó su indignación ante lo que definió como una justicia provincial que responde a los intereses del poder de turno. Durante la jornada, la dirigente vinculó el malestar de los bancarios con otros fallos recientes en la provincia, como el caso Lebbos, señalando que estos veredictos profundizan una sensación de desolación y desprotección en la comunidad.

Por su parte, el legislador Hugo Ledesma denunció la existencia de una «directiva de encubrimiento» histórica en Tucumán que favorece a figuras ligadas al poder político. Ledesma fue particularmente crítico con el uso de los juicios abreviados, argumentando que se utilizan de forma distorsionada para otorgar penas leves en delitos de extrema gravedad, permitiendo que los acusados regresen a sus hogares sin una sanción efectiva.

Contexto de la causa y pedido de juicio político

El conflicto gremial y judicial escaló al punto de que los referentes del sector no descartan impulsar un pedido de juicio político contra el jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez, motivados por lo que consideran una matriz de impunidad sistémica.

Cabe recordar que la causa se inició tras la denuncia presentada en marzo de 2024 contra los futbolistas Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abel Osorio y José Ignacio Florentín, quienes fueron apartados del club de Liniers a raíz de estos hechos. El gremio que conduce Sergio Palazzo, y que tiene al tucumano Carlos Cisneros como uno de sus principales dirigentes, sostiene que las recientes maniobras judiciales, que incluyeron allanamientos a la víctima y a sus abogados, son intentos deliberados de dilatar el expediente principal y hostigar a quienes se atreven a denunciar y testificar sobre la violencia sexual.

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