Abogados laboralistas piden al Senado rechazar la continuidad del juez Pesino en la Cámara de Apelaciones del Trabajo

Abogados y abogadas especialistas en derecho laboral de todo el país emitieron un documento conjunto en el que rechazan de forma contundente la pretensión del Poder Ejecutivo Nacional de prorrogar el mandato del juez Víctor Pesino en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El magistrado alcanzó los 75 años de edad, por lo que su continuidad requiere un nuevo acuerdo en el Senado, el cual es cuestionado por las asociaciones de letrados laboralistas.

En el comunicado, los profesionales advierten que Pesino no garantiza la debida objetividad e independencia. El cuestionamiento principal se centra en su accionar en la causa impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para frenar la reforma laboral, en la cual el propio Poder Ejecutivo Nacional es parte demandada. Pese a que la postulación para su nuevo nombramiento depende justamente del Gobierno, el juez decidió no apartarse del caso, un hecho que, según los letrados, demuestra una total falta de ética, decoro y garantías de imparcialidad.

El respaldo al Gobierno y la reforma laboral

La denuncia fue reforzada por las declaraciones del presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL), Matías Cremonte. El dirigente apuntó contra el vínculo político detrás de la postulación: «El juez Pesino, luego de hacerle un gran favor al Gobierno de Milei al poner en vigencia la reforma laboral, pide al Senado la prórroga de su mandato” sostuvo y agregó que, “la abogacía laboralista en unidad le pide a las y los senadores que, por el bien de la justicia, rechacen ese pedido», apuntó.

Desde la perspectiva de los letrados, el accionar del magistrado afecta la institucionalidad del Estado y pone en peligro la labor del Poder Judicial como garante de la constitucionalidad.

Exhorto al Senado y defensa de la Constitución

Ante este escenario, los profesionales exigieron a los senadores y senadoras que evalúen la designación teniendo en cuenta las garantías democráticas y republicanas. El objetivo del reclamo es resguardar el principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, con el fin de restituir la confianza en el sistema judicial y cumplir con el mandato de afianzar la justicia.